abraham-belilty-249x300-150x150La Constitución es clara en su artículo 261, que establece que “la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”.

Esto quiere decir que los Tribunales Militares solo pueden conocer de delitos “de naturaleza militar” relacionados con la organización de la Fuerza Armada Nacional, prevista en el artículo 328 constitucional.

Esta interpretación la reitera el artículo 261, al señalar que “la comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios”. la norma se está refiriendo a la comisión de ciertos delitos por integrantes de la Fuerza Armada, que, al no tener naturaleza militar, serán conocidos por los Tribunales Penales ordinarios”.

Este escenario jurídico permite comprender por qué es violatorio a los derechos humanos el enjuiciamiento de civiles por Tribunales Militares: estos civiles no son juzgados “por sus pares”, pues los civiles no son pares de los militares. Los civiles solo pueden violar leyes ordinarias propias de su ámbito, como es el caso del Código Penal Venezolano.

“No solo estos juicios militares violan el derecho al juez natural. Además, violan el derecho al debido proceso en el numeral 4 del artículo 49 de la constitución en donde establece “Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley.

Existe mucha Diferencia entre 222 del Código Penal y 501 del Código Militar.

 La justicia militar está regulada en el artículo 261 de la Constitución. Según esa norma, “la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”.

Esto quiere decir que los Tribunales Militares solo pueden conocer de delitos “de naturaleza militar”. La “naturaleza militar” de estos delitos debe relacionarse con la organización de la Fuerza Armada Nacional, prevista en el artículo 328 constitucional. Esto es, que quienes pueden cometer delitos de naturaleza militar son los integrantes de la Fuerza Armada.

Esta interpretación la reitera el artículo 261 constitucional, al señalar que “la comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios”. La norma se está refiriendo a la comisión de ciertos delitos por integrantes de la Fuerza Armada, que al no tener naturaleza militar, serán conocidos por los Tribunales Penales ordinarios.

En resumen: solo los integrantes de la Fuerza Armada Nacional pueden ser enjuiciados por Tribunales Militares, solo cuando cometan delitos de naturaleza penal.

Lo que dice la Ley el numeral 3 del artículo 123 del Código Orgánico de Justicia Militar parte de una interpretación distinta. De acuerdo con esa norma, la Justicia Militar conoce de “las infracciones militares cometidas por militares o civiles, conjunta o separadamente”.

Es decir, que la Ley sí permite que civiles sean juzgados por Tribunales Militares. Esto tiene una explicación bastante simple: ese Código es anterior a la Constitución de 1999. El enjuiciamiento de civiles por militares fue una práctica común desde la década de los sesenta del siglo pasado, basándose en los conflictos ocurridos en los primeros años de nuestra democracia. De esos tiempos surgió la tesis del delito militar aplicable a civiles, incluso, con el propósito de desconocer la inmunidad parlamentaria.

Pero ese Código debe ser interpretado de acuerdo con la Constitución de 1999, que como vimos, limita la competencia de esa Justicia a los delitos de naturaleza militar. Esa conclusión es respaldada por el reconocimiento del derecho al “juez natural” (numeral 4 del artículo 49), tal y como ese derecho es reconocido en Tratados de Derechos Humanos, de rango incluso superior a la propia Constitución (artículo 23).

El derecho al juez natural es el derecho humano conforme al cual toda persona debe ser juzgada por los jueces competentes de acuerdo con la naturaleza del delito cometido. Desde la Carta Magna, de 1215, lo anterior implica el derecho a ser juzgado “por sus pares”. Esto es, por jueces que actúan en el mismo ámbito jurídico del acusado. De allí que el derecho a ser juzgado por sus jueces naturales es una derivación del derecho de igualdad ante la Ley.

Este derecho no solo es reconocido en el numeral 4 del artículo 49 de la Constitución, sino en diversos Tratados de Derechos Humanos, como el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Bajo la perspectiva del derecho al juez natural, la Justicia Militar solo puede conocer de delitos conocidos “por sus pares”, o sea, por integrantes del Poder Militar respecto de delitos basados en la violación de deberes miliares.

Por ello, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concluido que “la jurisdicción militar se establece en diversas legislaciones para mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas armadas. Por ello, su aplicación se reserva a los militares que hayan incurrido en delitos o faltas en el ejercicio de sus funciones y bajo ciertas circunstancias” (Caso Cantoral Benavides vs. Perú, del año 2000).

Esto no quiere decir, por supuesto, que el Poder Civil y el Poder Militar deban estar separados. Tampoco es cuestión de denigrar de todo el Poder Militar. Más bien se trata de volver a la idea plasmada en el artículo 179 de la Constitución de 1811, presente en los artículos 328 y 330 de la Constitución de 1999: el Poder Militar en todos casos se conservará en una exacta subordinación a la autoridad civil y será dirigido por ella.

Pues lo que une a los civiles y a los militares es la Constitución. Solo al amparo de ésta es que puede hablarse de una unión cívico-militar.

El Dr. Luis Almagro, Secretario General de la OEA ha expresado “Esta criminalidad dictatorial de aplicar justicia a civiles en el poder militar no tendría impunidad. Procesar civiles bajo justicia militar vulnera todos los derechos humanos”. Insistió en que el Estado de Derecho en el país ha sido violentado y la única manera de “redemocratizar al país son las elecciones generales”. “Las acusaciones de fiscales militares a civiles son un absoluto despropósito en términos jurídicos. En Venezuela, el Estado de Derecho no existe, ni siquiera por apariencia”.

El uso de la jurisdicción militar para el juzgamiento de civiles no está previsto en nuestra Constitución, ya que suspende las normas básicas de protección de los derechos humanos. Ningún conflicto por el cual se atraviese, por grave que sea, de dicho marco normativo, independientemente de la gravedad del delito que pudieren haber cometido”.

 

“El uso de tribunales militares para juzgar civiles opositores en Venezuela, constituye el quiebre final del Estado de Derecho”

 

Alertamos que la utilización de este mecanismo es muy grave, pues se intenta crear un precedente para aterrorizar y someter a cualquier civil, por razones políticas, a la jurisdicción militar, sin que la teórica separación de poderes ponga coto a estos abusos. Esto es anticonstitucional, antinatura, violatorio de los derechos humanos y requiere el pronunciamiento e intervención inmediata de la Fiscal General de la República y del Defensor del Pueblo.

Responsabilizamos a la cadena de mando de esta nueva violación a la Constitución, los Derechos Humanos y el debido proceso, empezando por Nicolás Maduro, en su rol de Comandante en Jefe de la FANB, el ministro de Defensa, General Vladimir Padrino López, el comandante de la Guardia Nacional, General Antonio Benavides Torres, el jefe del Redi Central, M/G Jesús Suárez Chourio y el comandante del Zodi Carabobo, G/B, Nelson José Morales Guaitian.  También al presidente de la Corte Marcial, G/D Henry Timaure Tapia, la fiscal General Militar; C/N Siria Venero de Guerrero, al defensor Público Militar, G/B Alfredo Gil Arias, al ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol y al director nacional del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar, Gustavo González López.

Es nuestro deber recordar, que el artículo 7, literal H, del Estatuto de Roma reconoce como crímenes de lesa humanidad, la persecución de un grupo o colectividad fundamentada en razones de índole políticas, que no prescriben y que serán enjuiciados en cualquier parte del mundo por jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Hechos Históricos

Los golpes “cívico militares” que irrumpieron cronológica y sintomáticamente en la primera mitad de la década de 1970 —Bolivia, en 1971; Chile y Uruguay, en 1973; Argentina, en 1976. También habría que tomar en consideración el hecho de que las dictaduras de Paraguay (desde 1954) y Brasil (1964), conducen, en los comienzos de la década de 1970, un cambio doctrinal del perfil represivo que hasta entonces habían exhibido. El “golpe dentro del golpe”, en Brasil, 1968,7 y la promulgación, en 1969, de la Ley de Seguridad Nacional por el gobierno de Médici. El golpe de Estado al golpe de 1968, en el Perú, en 1975. En este contexto represivo no habría que olvidar, ciertamente, a México, allí donde la intervención policíaco-militar del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz cobró la vida de un número aún no precisado de estudiantes congregados en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en 1968. Ocurriría lo mismo en 1971, cuando gobernaba Luis Echeverría, inaugurando con ello un periodo de intervención radical de la sociedad que tuvo como característica central el uso del ejército y sus tácticas de guerra en contra de su propia población civil.

*  El ex militar Manuel Benedicto Lucas García está implicado en crímenes contra el pueblo durante la guerra civil en Guatemala.  1960 y 1996

* “En este país no se mueve ni una sola hoja sin que yo lo sepa.”
(General Augusto Pinochet Ugarte)

 “…En Argentina no quedan desaparecidos con vida.
Asumo toda la responsabilidad y me siento orgulloso”.
(General Ramón Campos, jefe de la Policía de Buenos Aires)

  • “Cóndor” nació a instancia de la dictadura militar de Chile, y de hecho su sede estuvo en Santiago. Numerosos documentos acreditan que sus orígenes se remontan al “Primer Encuentro de Trabajo de Inteligencia Nacional”, en el que participaron, entre otros, el general chileno Manuel Contreras, acusado y condenado posteriormente por el asesinato del ex – ministro del presidente Allende, Orlando Letelier, y el general paraguayo Guanes Serrano. Allí, Contreras ofreció las instalaciones de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional chilena) como el cuartel general para “la centralización de la información sobre los antecedentes de personas, organizaciones y otras actividades conectadas directa o indirectamente con la subversión”
  • Los ex – ministros de la Unidad popular Carlos Prats, asesinado en Buenos Aires, Orlando Letelier, asesinado en Washington, y Bernardo Leighton, que logró sobrevivir luego de un atentado contra su vida en Roma

Mas temprano que tarde, nos veremos la caras en la Haya; HOLANDA.

ESTÁN ADVERTIDOS……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *